El ciberataque al Instituto de Salud Pública (ISP), detectado el viernes 27 de junio, paralizó durante varios días los procesos de validación de productos controlados, afectando importaciones de medicamentos, cosméticos y dispositivos médicos.
La caída del sistema expuso nuevamente una debilidad estructural: la falta de interoperabilidad y resiliencia digital de las plataformas públicas vinculadas al comercio exterior.
La situación obligó a Aduanas a activar medidas excepcionales para liberar cargas esenciales. A través del Oficio Circular N° 126 se permitió el ingreso de mercancías sin el tradicional Certificado de Destinación Aduanera (CDA), mediante una glosa especial para trazabilidad posterior. Si bien esta acción evitó un eventual desabastecimiento de insumos médicos, las demoras y costos generados fueron significativos para importadores, operadores logísticos y usuarios finales.
Durante julio de 2024, un episodio similar involucró al SAG y su plataforma de control fronterizo, aunque con impacto más acotado. En este caso, el ataque cibernético al ISP afectó directamente a uno de los nodos más sensibles de la cadena logística sanitaria. La incertidumbre digital se suma a otros factores de presión como el alza de los fletes, la guerra comercial con EE.UU. y las nuevas exigencias regulatorias impuestas por los tratados multilaterales.
Más allá de la contingencia, lo ocurrido plantea interrogantes urgentes sobre la capacidad tecnológica del Estado para responder a la demanda operativa del comercio internacional. La dependencia de sistemas centralizados, sin respaldo suficiente ni protocolos robustos ante contingencias, pone en riesgo la continuidad del flujo de mercancías críticas.
En un mundo donde la competitividad se mide en tiempos y en certidumbre, los países que no protejan sus infraestructuras tecnológicas pierden ventaja frente a competidores más ágiles. La falla del ISP no fue un incidente aislado: es una señal de alerta para todo el ecosistema logístico nacional. La recuperación no debe limitarse a restituir el sistema, sino que exige un rediseño de fondo, con visión estratégica, interoperabilidad real entre organismos y un estándar de seguridad digital a la altura de los desafíos actuales.